DESAPARICIÓN FORZADA DE LITERATO
A partir de 1983, año en que hace su aparición Alfaro Vive Carajo como organización política que impulsaba acciones armadas para la consecución de sus fines de cambio social, en Ecuador se establecieron políticas de Estado orientadas a reprimir la organización y protestas sociales y otras manifestaciones contrarias al gobierno, aún las provenientes de medios y periodistas independientes o aquellas surgidas de otros opositores políticos.
En el marco de la Ley de Seguridad Nacional se produjo la creación de estructuras de represión con ayuda internacional y los servicios de inteligencia apuntaron a establecer posibles vinculaciones de los opositores políticos con la acción de grupos subversivos y de aplicar, para estos casos, medidas extremas, situación que continuó hasta fines de la década.
Se registraron hechos como el asesinato de dirigentes y militantes de organizaciones sindicales, campesinas y políticas y varias desapariciones forzadas como las de Jaime Otavalo, Manuel García, José Mosquera, Cesar Morocho, Manuel Reinoso, Luís Valverde, entre otras personas, resaltando el evidente poder de la institución policial, amparada en su fuero especial.
Gustavo Garzón Guzmán fue detenido en la ciudad de Quito el 7 de agosto de 1989, por encontrarse armas en el vehículo en el cual viajaba junto con Marcos Lenin Checa Artos. Conducido al Servicio de Investigación Criminal de Pichincha (SIC-P) fue torturado y mientras permaneció detenido afrontó varios juicios en su contra por presunta participación en el asalto a una entidad bancaria en la ciudad de Pimampiro, provincia de Imbabura, causa en la que fue absuelto y en la que al ser remitida al juzgado décimo de lo Penal de Pichincha para que se continúe el trámite por tenencia ilegal de armas, fue sobreseído. Su liberación se dio el 7 de septiembre de 1990.
El 9 de noviembre de 1990 en horas de la tarde, Gustavo Garzón Guzmán salió de su domicilio ubicado en la ciudad de Quito en el sector de San Juan, hacia la Editorial “El Conejo” a cobrar un cheque por la publicación de una obra literaria. A las 17:30 se encontró con Miriam Liliana Vásconez Vaca en la cafetería Stop ubicada en la avenida Amazonas y Moreno Bellido y juntos se dirigieron al Centro de Exposiciones Quito, en donde Francisco Antonio Moreno los recogió como una hora más tarde para ir a la Cámara de la Construcción a recoger, a su vez, a Alfredo Pérez.
El grupo se dirigió entonces al Bar Tropical ubicado en el sur de la ciudad, en las calles Quijano y Maldonado, donde se sirvieron algunos tragos y luego, cerca de las 22:00, salieron con dirección a la discoteca Son Candela situada en la calle Carrión y Reina Victoria encontrándose allí con Raúl Roberto Ricaurte Rodríguez.
A la 1:00 se retiraron Francisco Moreno y Miriam Liliana Vásconez, dejando a Gustavo Garzón “en perfecto estado físico y mental, sobrio y muy tranquilo”.
Gustavo Garzón Guzmán desapareció en la madrugada del 10 de noviembre de 1990, después de la reunión con sus amigos no llegó a su domicilio, por lo que su familia lo buscó en “hospitales, clínicas e inclusive la morgue sin obtener resultado”.
El 14 de noviembre de 1990, se realizó la primera publicación de prensa acerca de la desaparición de Gustavo Garzón y el 15 de noviembre, aparece una noticia refiriéndose tanto de la desaparición de Gustavo Garzón Guzmán como de dos personas más vinculadas a movimientos sociales: Hugo Leonardo Villegas y Lino Peña.
El 16 de noviembre de 1990, Fabiola Lema Ramírez realizó una denuncia ante la Policía Nacional en torno a la desaparición del literato Gustavo Garzón Guzmán y el mismo día la Comandancia General de Policía envía un telegrama8, a las respectivas unidades disponiendo la búsqueda de Gustavo Garzón Guzmán.
El 29 de noviembre de 1990, Clorinda Guzmán de Garzón madre de Gustavo Garzón presentó una denuncia ante el Tribunal de Garantías Constitucionales por su presunción de la desaparición de su hijo: “se debe a motivaciones claramente políticas que violan disposiciones legales, constitucionales relacionadas con la libertad, la seguridad, el libre pensamiento, el derecho a la integridad y a la vida”. Sin embargo, el Tribunal me diante Resolución Nº 042-96-CP se inhibe de avocar conocimiento por falta de competencia en razón de la materia y ordena el archivo del expediente.
El 3 de diciembre de 1990 Liliana Vásconez Vaca, fue llamada a declarar en el Departamento de Homicidios del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha y refiere que “al receptar mis declaraciones y formular las preguntas correspondientes por parte de los varios agentes que estuvieron presentes, fui tildada de miembro activo del grupo Montoneras Patria Libre tratando, además, de relacionarme afectivamente con el desaparecido y también amenazándome que mediante procedimientos coercitivos, se me haría declarar, lo que a ellos les de la gana”. Su cédula de identidad le fue confiscada hasta el 4 de diciembre de 1990.
El 4 de diciembre de 1990 Fabiola Lema Ramírez compañera de trabajo de Gustavo Garzón, rindió una declaración en el SICP manifestando que ella se entrevistó con el coronel Jaime Hidalgo Amores, jefe de esta dependencia, para lograr el apoyo policial en la búsqueda del desaparecido.
El 12 de diciembre de 1990 la presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), envió una carta a la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra por la desaparición de Gustavo Garzón Guzmán manifestando que “los familiares presumen que pudieron haber actuado fuerzas de seguridad.
Esta inquietud se basa en el antecedente de una detención”, la misma que se produjo el 7 de agosto de 1989, en Quito, por parte de miembros de Inteligencia Militar al encontrar armas en el interior del vehículo en el que circulaba con Marcos Lenin Checa Artos y en el Servicio de Investigación Criminal Pichincha, durante cinco días, fue sometido a torturas e interrogatorios.
El 20 de agosto de 1991, el diario La Hora publicó un resumen de la entrevista realizada por los medios de comunicación al ministro César Verduga, quien al referirse a Gustavo Garzón aseveró que: “sobre este caso se han dicho infinidad de rumores. No podemos decir nada hasta tener una prueba precisa sobre lo que pasó”.
El 11 de enero de 1993 se publicó una nota de prensa: “Escritor Garzón llevado a Colombia” pero la Oficina de Migración no registra ninguna salida del país. Luego, en noviembre de 1996, apareció una información que señalaba como responsables de la desaparición a la Inteligencia colombiana y, según ésta, la Policía de ese país debió contar con algún aval para actuar en el país. Otra versión manifestaba que Gustavo Garzón aceptó ser informante de la Policía, que luego se arrepintió y por eso fue eliminado”.
Posteriormente, en abril de 2003, otra publicación de prensa afirmaba “Un ex oficial de inteligencia del ejército, quien asegura que el general Edgar Vaca conoce dónde están los restos del escritor Gustavo Garzón” y en otra noticia de junio del 2003, se indicó: “Un miembro de inteligencia reveló a este diario que el general Edgar Vaca conocía exactamente donde se encuentran los restos del escritor Gustavo Garzón”, y al día siguiente se publicó “Un oficial de inteligencia militar dio una pista que detrás de la desaparición del escritor estuvieron las fuerzas de seguridad del Estado”.
La madre de Gustavo Garzón remitió múltiples comunicados a diferentes autoridades en distintos gobiernos nacionales, como también a organizaciones internacionales, entre las que se encuentra el Grupo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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