Luis Ángel Saavedra Sáenz
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DOÑA CLORINDA ACORRALÓ AL ESTADO ECUATORIANO
Doña Clorinda Guzmán aparece temblorosa en la pantalla de zoom. Han pasado treinta años desde que su hijo, el escritor Gustavo Garzón, fue desaparecido por agentes estatales en la madrugada del 10 de noviembre de 1990, bajo el gobierno del presidente Rodrigo Borja, un presidente que no tuvo el valor para desarticular la unidad policial clandestina denominada Servicio de Inteligencia Criminal de Pichincha (SIC – 10), creada por el ex presidente León Febres Cordero en un marco de represión a la oposición política, en especial, para eliminar y desaparecer a líderes sociales que optaron por una forma distinta de lucha política frente al autoritarismo y el poco ejercicio democrático de aquél gobierno.
Ahora, doña Clorinda está ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos danto testimonio de lo ocurrido con su hijo. El presidente Rodrigo Borja dijo que no se acuerda de nada, cuenta Doña Clorinda, y además dice que el presidente Sixto Durán Ballén fue despreciable al referirse al caso de la desaparición de Gustavo Garzón; sin embargo, doña Clorinda no desmayó en su lucha por encontrar a su hijo.
Han pasado treinta años para que, este 27 y 28 de enero del 2021, se presente la oportunidad de encontrar justicia en la Corte Interamericana, ya que en el país se le ha negado porque la investigación de la desaparición de Gustavo permanece en una indagación previa eterna, porque al estar en investigación previa todo depende de la Fiscalía y poco puede hacer la familia y la defensa para incentivar mayores resultados, pues solo pueden, de vez en cuando, revisar la documentación y comprobar que no hay ningún avance
Ahora doña Clorinda está ahí, en una corte internacional, y aun cuando se nota el paso del tiempo en su rostro y en su voz, aún se puede sentir y ver a una madre firme en su anhelo de justicia y verdad. Para ella la lucha ha sido esa, verdad y justicia; no desea una reparación económica como lo propusieron los representantes del Estado antes de llegar a esta audiencia. Los representantes del Estado comprendieron que doña Clorinda no claudica y que con una oferta de dinero no llegarían a una solución amistosa para evitar una nueva sanción internacional al Estado ecuatoriano.
En la Corte, doña Clorinda acorraló al Estado y a todos quienes piensan que la represión, el asesinado y la desaparición se justifican cuando se trata de defender el estatus quo, como lo hizo León Febres Cordero, y como lo siguen pensando sus anteriores y actuales corifeos.
Al Estado ecuatoriano no le tocó otra cosa que allanarse y reconocer los hechos. La representante afirmó en la Corte IDH que el Estadio reconoce la gravedad de los hechos, que es responsable de la desaparición forzada de Gustavo Garzón; dijo además que la investigación ha sobrepasado el plazo razonable para obtener resultados y que no se ha podido avanzar porque desde el inicio hubo obstáculos; y pidió a los magistrados que se fije las reparaciones correspondientes y que el Estado se allana también a los pedidos de reparación.
En la Corte se dijo además que una de las características de la desaparición forzada es la clandestinidad que no deja huella; de ello se puede inferir que no habrá más avances en este caso, pero doña Clorinda reclama el cuerpo de Gustavo para sepultarlo acorde a sus creencias y cultura, pero sobre todo, para saber.
La reparación que pide doña Clorinda está más relacionada con la memoria de Gustavo: que se publique sus obras, que se ponga su nombre en un espacio público, sobre todo, que se reivindique su memoria como un escritor comprometido con su país y que buscaba un cambio social, aseguró Cesar Duque, abogado de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, organización que llevó este caso a la Corte IDH.
Para en algo quedar bien, los representantes estatales enumeraron una serie de buenas intenciones que han planteado a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y que aún no encuentran justicia en el país; estas propuestas no se han cumplido a cabalidad y el Estado ha buscado cerrar los casos en base a indemnizaciones económicas, sin considerar que lo que las víctimas y la sociedad necesitan es verdad y justicia; por eso la presencia de doña Clorinda en la Corte IDH tiene un gran significación, porque la lucha por saber qué pasó con su hijo es la misma lucha de centeneras de víctimas y familiares de los casos que están registrados en el informe de la Comisión de la Verdad, hecho público en el año 2010, luego de tres años de investigación.
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